Desde hace meses Italia viene aplicando una combinación de medidas sustantivas (quién transmite la ciudadanía y en qué condiciones) y medidas procedimentales (cómo se tramitan las solicitudes). Dentro de este segundo grupo, se aprobó una reforma que traslada la gestión de los expedientes de ciudadanía italiana presentados desde el exteriora un órgano central en Italia, con implementación efectiva a partir de 2029.
Si tu plan era tramitar la ciudadanía italiana iure sanguinis por vía consular, esta reforma cambia el tablero: no necesariamente elimina el derecho, pero sí puede alterar tiempos, acceso y previsibilidad.
En este artículo te explico qué aprobó el Parlamento, el calendario realista hasta 2029 y qué estrategia conviene evaluar según tu caso.
Qué se aprobó exactamente
El Parlamento aprobó una ley de “revisión de servicios para ciudadanos y empresas en el exterior” que incluye, entre otras medidas, un cambio estructural:
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Las solicitudes de ciudadanía italiana por descendencia presentadas desde el exterior dejarán de ser tramitadas por cada consulado de forma autónoma.
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Se crea un órgano/oficina central dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAECI – Farnesina) que asume la gestión centralizada de esos expedientes.
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Los consulados quedan reducidos (en este tema) a funciones más limitadas y, en la práctica, pierden el rol de “oficina decisora” sobre los nuevos reconocimientos.
Importante: la norma introduce una fase transitoria. La centralización plena no arranca de inmediato; se implementa con un calendario que llega hasta 2029.
Cuándo entra en vigor: cronograma 2026–2029
Aunque el debate y la aprobación parlamentaria son recientes, la reforma se mueve por etapas:
1) 2026: reorganización y preparación del sistema
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Se consolida el marco normativo que impulsa la reforma administrativa y la creación del “centro” en Roma.
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En paralelo, el sistema consular continúa recibiendo y tramitando expedientes, pero ya bajo un entorno político de reforma y restricción.
2) 2027–2028: transición con límites y estandarización
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La fase transitoria apunta a “preparar” el órgano central y reconfigurar el flujo de expedientes.
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En este período suele aparecer el elemento más sensible: cupos/topes y reglas internas más rígidas (en la práctica, más filtros, mayor formalismo y menos discrecionalidad local).
3) 2029: centralización efectiva
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A partir de 2029, la regla general es: el expediente se gestiona en Roma (MAECI/Farnesina) y no en el consulado.
Traducción a lenguaje llano: si hoy ya es difícil conseguir turno consular y los tiempos son inciertos, desde 2029 el desafío puede pasar a ser doble: acceso + capacidad real del órgano central para absorber el volumen mundial.
Qué cambia en la práctica para el solicitante
1) Tu “ventanilla” deja de ser el consulado
Hasta ahora, el consulado era el canal natural: recepción, revisión, requerimientos, decisiones y notificación. Con la centralización:
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El consulado deja de ser el “dueño” del expediente.
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La interacción puede volverse más indirecta y, en algunos casos, menos trazable (seguimiento, requerimientos, plazos internos).
2) Más uniformidad… y normalmente más rigor formal
La centralización suele traer:
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Criterios más estandarizados.
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Menos tolerancia a “soluciones consulares” informales que algunos consulados aceptaban (por ejemplo, enfoques distintos ante pequeñas inconsistencias documentales).
En buen castellano: lo que “pasaba” en un consulado puede dejar de pasar en Roma.
3) Riesgo de cuello de botella administrativo
Uno de los puntos más criticados en el debate público es el desequilibrio entre:
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el volumen global de expedientes, y
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la capacidad real del nuevo órgano central.
El objetivo declarado es “eficiencia”. El riesgo operativo es el contrario: congestión.
4) Documentación en papel y logística
En el debate parlamentario y periodístico se ha señalado como punto crítico que el modelo prevé, al menos en parte, tramitación física (papel), con impactos obvios:
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tiempos postales,
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riesgo de extravíos,
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costos y retrasos,
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mayor fricción probatoria.
Es de desctacar que es verdad que esta pensado hacerlo de manera antigua distaincia. En el dossier de la Cámara sobre el proyecto (A.C. 2369), al explicar el nuevo artículo 10 del D.Lgs. 71/2011, se indica que las solicitudes se envían al MAECI exclusivamente por servicio postal y deben ir acompañadas de documentación cartacea originale y prueba de pago.
5) Vía judicial: no desaparece
Esta reforma es administrativa/procedimental. No “cierra” la vía judicial. De hecho, con barreras consulares persistentes, la vía judicial suele mantenerse como alternativa para muchos casos (según el perfil y la normativa aplicable).
Aclaratoria importante: aprobación parlamentaria vs. publicación en Gazzetta Ufficiale
Aunque esta reforma ya fue aprobada en sede parlamentaria y se informó como “ok definitivo”, es fundamental distinguir dos momentos jurídicos distintos:
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Aprobación (Parlamento): el texto queda aprobado por Cámara y Senado y se cierra el trámite legislativo en las Cámaras.
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Entrada en vigor (publicación): para que una ley sea plenamente aplicable, debe publicarse en la Gazzetta Ufficiale y luego transcurrir el plazo de vacatio legis (salvo que el propio texto establezca otra fecha).
Por eso, cuando en este artículo hablo de “ley aprobada” y de su implementación hacia 2029, me refiero al contenido ya definido y al diseño institucional aprobado, pero con esta precisión técnica: la fecha exacta de entrada en vigor y el número definitivo de la ley se consolidan con la publicación en la Gazzetta Ufficiale.
En términos prácticos, esto no cambia la dirección de la reforma (centralización progresiva hasta 2029), pero sí importa para citar con exactitud:
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el número de la ley,
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la fecha de publicación, y
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la cláusula formal de entrada en vigor.