La Ordinanza n.º 147/2026 de la Corte Costituzionale no remitió la reforma de la ciudadanía italiana a la Corte de Estrasburgo. La cuestión fue enviada a la Corte de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, mediante el mecanismo prejudicial del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Para que un caso relacionado con la Ley n.º 74/2025 llegue a la Corte Europea de Derechos Humanos no existe una remisión automática desde Roma. La persona afectada debe:
- promover o continuar su procedimiento ante los tribunales italianos;
- plantear sustancialmente dentro de Italia las violaciones de derechos humanos que posteriormente invocará;
- agotar los recursos internos efectivos;
- obtener una decisión nacional definitiva;
- presentar una demanda completa ante Estrasburgo dentro de los cuatro meses siguientes;
- demostrar que una actuación imputable al Estado italiano produjo una lesión concreta de un derecho protegido por la Convención.
La Corte de Estrasburgo no decidiría en abstracto si la Ley n.º 74/2025 es buena o mala, ni actuaría como una nueva instancia de apelación. Examinaría si su aplicación concreta vulneró derechos como la vida privada, la identidad personal, la prohibición de discriminación, la tutela judicial efectiva o la seguridad jurídica.
Luxemburgo y Estrasburgo no son la misma Corte
La controversia sobre la reforma italiana de la ciudadanía se desarrolla actualmente en varios niveles judiciales.
Roma: Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale examina la compatibilidad del artículo 3-bis de la Ley n.º 91/1992 con la Constitución italiana.
En la Ordinanza n.º 147/2026 suspendió los procedimientos promovidos por los tribunales de Mantova y Campobasso y solicitó a la CGUE que interpretara los artículos 9 TUE y 20 TFUE en relación con la nueva “preclusión originaria” de la ciudadanía.
Luxemburgo: Corte de Justicia de la Unión Europea
La CGUE interpreta el Derecho de la Unión Europea.
Su análisis se concentrará en la relación entre:
- ciudadanía italiana;
- ciudadanía de la Unión;
- competencia nacional en materia de nacionalidad;
- proporcionalidad;
- seguridad jurídica;
- y derechos derivados del estatuto europeo.
La CGUE no es la Corte Europea de Derechos Humanos.
Estrasburgo: Corte Europea de Derechos Humanos
La Corte Europea de Derechos Humanos aplica la Convención Europea de Derechos Humanos.
No forma parte de la Unión Europea. Funciona dentro del sistema del Consejo de Europa y examina demandas contra Estados que han ratificado la Convención.
La diferencia es esencial:
- Luxemburgo interpreta el Derecho de la Unión;
- Estrasburgo controla el respeto de derechos humanos convencionales;
- Roma decide la constitucionalidad dentro del ordenamiento italiano.
¿Qué es la Corte Europea de Derechos Humanos?
La Corte Europea de Derechos Humanos, conocida como Corte EDU o CEDH, es un tribunal internacional con sede en Estrasburgo.
Su función es garantizar que los Estados respeten los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos.
Puede examinar:
- demandas entre Estados;
- y demandas individuales presentadas por personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares.
Una demanda individual siempre debe dirigirse contra un Estado. No puede presentarse directamente contra:
- un consulado;
- un comune considerado aisladamente;
- un funcionario;
- un abogado;
- una empresa;
- o una persona privada.
Las actuaciones de consulados, ministerios, comunes y tribunales se imputan internacionalmente al Estado italiano.
El Manuale CEDU 2024 de la Presidencia del Consiglio dei Ministri explica que la Corte conoce de las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de la Convención, pero actúa subsidiariamente: el Estado debe tener primero la oportunidad de prevenir o reparar la violación dentro de su propio ordenamiento.
No existe una “apelación” directa desde la Corte Constitucional a Estrasburgo
Este es el primer punto que debe comprenderse.
Una persona no puede presentar un escrito diciendo:
No estoy de acuerdo con la Corte Costituzionale y apelo su decisión ante Estrasburgo.
La Corte Europea no es un tribunal superior de la Corte Constitucional italiana.
Tampoco existe un mecanismo equivalente al reenvío prejudicial del artículo 267 TFUE mediante el cual la Corte Costituzionale envíe obligatoriamente el expediente a Estrasburgo.
La vía ordinaria es una demanda individual después de agotar los recursos internos.
La persona debe demostrar que el resultado definitivo del sistema italiano, o la forma en que se desarrolló el procedimiento, lesionó uno o más derechos protegidos por la Convención.
La ruta legal completa de Roma a Estrasburgo
Primera etapa: el proceso de ciudadanía ante el tribunal italiano
La ruta normalmente comienza con una controversia concreta sobre el reconocimiento de la ciudadanía.
Puede tratarse, por ejemplo, de:
- una demanda judicial de reconocimiento iure sanguinis;
- una impugnación de una negativa administrativa;
- una solicitud de transcripción del nacimiento de un menor;
- un proceso derivado de la aplicación retroactiva del artículo 3-bis;
- o una controversia sobre la conservación de un estatus previamente reconocido.
El interesado debe presentar ante el juez italiano no solo la reconstrucción genealógica, sino también las objeciones constitucionales, europeas y convencionales pertinentes.
Esto es decisivo porque Estrasburgo exige que las autoridades nacionales hayan tenido la oportunidad real de examinar la queja.
No basta invocar por primera vez ante la Corte Europea:
- artículo 8 CEDU;
- artículo 14;
- artículo 6;
- o cualquier otro derecho.
La sustancia de la violación debe haber sido planteada previamente ante los órganos internos competentes.
Segunda etapa: eventual cuestión de constitucionalidad
El juez ordinario no puede anular directamente una ley italiana por considerarla contraria a la Constitución.
Cuando la norma es relevante para resolver el caso y existen dudas no manifiestamente infundadas, puede remitir la cuestión a la Corte Costituzionale.
Así ocurrió con los procedimientos que originaron:
- la Sentenza n.º 63/2026;
- y la Ordinanza n.º 147/2026.
Los tribunales remitentes sostuvieron, entre otras cuestiones, que el artículo 3-bis podía producir una revocación implícita y retroactiva de una ciudadanía adquirida desde el nacimiento, afectar la confianza legítima y crear diferencias arbitrarias entre quienes actuaron antes y después del 27 de marzo de 2025.
La cuestión constitucional no sustituye el proceso principal. Una vez resuelta, el expediente regresa al tribunal que la planteó.
Tercera etapa: el procedimiento ante Luxemburgo
En la Ordinanza n.º 147/2026, la Corte Costituzionale consideró necesario consultar primero a la CGUE.
Por ello, el proceso constitucional queda suspendido hasta que Luxemburgo interprete los artículos 9 TUE y 20 TFUE.
Después de la sentencia europea:
- el expediente regresará a la Corte Costituzionale;
- la Corte aplicará la interpretación del Derecho de la Unión;
- dictará una nueva resolución;
- y los procesos principales continuarán ante los tribunales de Mantova y Campobasso.
La decisión de Luxemburgo será una etapa de la ruta interna y europea, pero no reemplazará automáticamente la decisión definitiva sobre cada solicitante.
Cuarta etapa: decisión del tribunal ordinario
Una vez que la Corte Costituzionale se pronuncie, el tribunal ordinario resolverá la demanda de ciudadanía.
La decisión deberá aplicar:
- la Ley n.º 91/1992;
- el artículo 3-bis;
- la interpretación de la CGUE;
- la decisión de la Corte Costituzionale;
- y las circunstancias concretas del expediente.
Es posible que el resultado sea diferente según cada caso.
No es equivalente:
- una persona con sentencia firme anterior;
- una persona que presentó una solicitud antes del 27 de marzo de 2025;
- quien tenía una cita consular ya comunicada;
- quien presentó su demanda el 28 de marzo;
- quien nunca inició ningún procedimiento;
- o quien puede acogerse a las excepciones relativas a padres, abuelos o residencia.
Quinta etapa: recursos internos disponibles
Para llegar a Estrasburgo deben agotarse los recursos internos efectivos.
En un proceso civil de ciudadanía, esto normalmente puede exigir:
- la decisión del tribunal competente;
- la apelación, cuando proceda;
- y el recurso ante la Corte di cassazione sobre las cuestiones jurídicas pertinentes.
No basta presentar recursos manifiestamente improcedentes o extraordinarios que no ofrezcan una posibilidad real de reparación.
Tampoco debe abandonarse prematuramente la vía interna por considerar que el resultado será desfavorable.
La regla de agotamiento exige utilizar los remedios:
- accesibles;
- adecuados;
- efectivos;
- y capaces de reparar la violación alegada.
La Corte explica oficialmente que el recurrente debe utilizar los recursos nacionales que puedan ofrecer reparación respecto de la situación denunciada.
Sexta etapa: decisión interna definitiva
El plazo para acudir a Estrasburgo comienza normalmente cuando se dicta o se notifica la decisión definitiva del último recurso interno efectivo.
No debe confundirse esta fecha con:
- la entrada en vigor de la Ley n.º 74/2025;
- la publicación de la Ordinanza n.º 147/2026;
- la futura sentencia de la CGUE;
- o la futura decisión de la Corte Costituzionale.
Para cada recurrente, la fecha relevante dependerá de su propio procedimiento.
En muchos casos será la fecha en que se conozca la decisión definitiva de la Corte di cassazione.
En otros supuestos podría existir una estructura procesal distinta. Por ello, el cálculo debe realizarse individualmente.
Séptima etapa: demanda ante Estrasburgo dentro de cuatro meses
Desde el 1 de febrero de 2022, el plazo ordinario es de cuatro meses.
El plazo es estricto.
La Corte exige que dentro de ese período se envíe una demanda completa y conforme con la Rule 47 de su Reglamento. No basta:
- una carta informal;
- un correo electrónico;
- un formulario incompleto;
- una reserva de derechos;
- ni el envío de algunos documentos.
La información oficial de la Corte advierte que debe utilizarse el formulario correspondiente y proporcionar todos los datos y documentos exigidos por la Rule 47.
La demanda se presenta normalmente por correo postal ante la Secretaría de la Corte en Estrasburgo.
¿Qué debe contener la demanda?
El formulario debe exponer de manera clara y autónoma:
- identidad del recurrente;
- Estado demandado;
- hechos esenciales;
- fechas relevantes;
- recursos internos utilizados;
- decisión definitiva;
- derechos convencionales violados;
- relación entre los hechos y cada artículo;
- documentos probatorios;
- firma;
- y representación profesional, cuando corresponda.
La demanda no puede consistir en remitir miles de páginas y pedir a la Corte que reconstruya el caso.
La Rule 47 exige una exposición ordenada, completa y comprensible.
La rigurosidad formal es especialmente relevante. El análisis estadístico oficial de 2025 señala que una proporción muy elevada de expedientes administrativos no llegó a constituirse como demanda judicial por incumplimientos relacionados con la Rule 47.
¿Es obligatorio tener abogado?
Para la presentación inicial, la representación por abogado no es siempre obligatoria.
Sin embargo, en un asunto complejo sobre:
- ciudadanía;
- retroactividad;
- identidad personal;
- igualdad;
- cosa juzgada;
- y relación entre Derecho italiano, Derecho de la Unión y CEDU;
resulta jurídicamente aconsejable preparar la demanda con asistencia especializada.
Si la Corte comunica el caso al Gobierno italiano, el recurrente deberá normalmente estar representado por un abogado habilitado para ejercer en uno de los Estados parte de la Convención.
El procedimiento no exige el pago de una tasa judicial, pero pueden existir gastos de:
- abogado;
- traducciones;
- certificaciones;
- copias;
- documentación;
- y envíos.
¿Qué sucede después de enviar la demanda?
Control administrativo inicial
La Secretaría comprueba si el formulario cumple la Rule 47.
Una demanda incompleta puede no ser registrada judicialmente.
Esta primera revisión no significa que la Corte haya aceptado el fondo del caso.
Asignación judicial
Cuando la demanda cumple formalmente los requisitos, puede ser remitida a:
- un juez único;
- un comité de tres jueces;
- una Sala de siete jueces;
- o, excepcionalmente, la Gran Sala.
Juez único
El juez único puede declarar inadmisible una demanda cuando la decisión resulte clara sin examen adicional.
La decisión es definitiva y no puede apelarse.
Comité de tres jueces
Puede decidir casos inadmisibles o asuntos cubiertos por jurisprudencia consolidada.
Sala de siete jueces
Examina las demandas que requieren un estudio más profundo de admisibilidad y fondo.
Un caso novedoso sobre los efectos retroactivos de una reforma de ciudadanía probablemente requeriría, si supera la admisibilidad, un examen por una Sala.
Comunicación al Gobierno italiano
Si la Corte considera que el asunto merece examen, puede comunicarlo al Gobierno italiano.
En ese momento:
- formula preguntas;
- solicita observaciones;
- comunica las alegaciones del recurrente;
- y puede invitar a las partes a considerar un acuerdo amistoso.
La comunicación constituye un avance procesal importante, pero no significa que la Corte haya determinado que existió una violación.
Observaciones y réplica
El Gobierno presenta sus argumentos.
El recurrente puede responder y formular, dentro del plazo indicado, una solicitud de satisfacción equitativa conforme al artículo 41 CEDU.
Las reclamaciones económicas deben estar:
- identificadas;
- cuantificadas;
- justificadas;
- y respaldadas documentalmente.
Posible audiencia pública
Las audiencias ante la Corte Europea son excepcionales.
La mayoría de los casos se decide mediante procedimiento escrito.
Podría celebrarse una audiencia si el asunto:
- plantea una cuestión jurídica novedosa;
- afecta a numerosos casos;
- tiene importancia general;
- requiere aclaraciones de las partes;
- o puede producir un desarrollo relevante de la jurisprudencia.
No puede predecirse anticipadamente que un futuro caso italiano de ciudadanía tendrá audiencia.
Sentencia
La Corte puede determinar:
- que la demanda es inadmisible;
- que no existió violación;
- que sí existió una violación;
- que la constatación constituye satisfacción suficiente;
- o que procede una compensación económica.
Las sentencias de Sala se vuelven definitivas:
- cuando las partes declaran que no solicitarán remisión;
- cuando transcurren tres meses sin solicitud;
- o cuando el panel de la Gran Sala rechaza la petición.
¿Cuánto puede tardar un caso en Estrasburgo?
No existe un plazo único.
La duración depende de:
- prioridad asignada;
- complejidad;
- número de recurrentes;
- existencia de jurisprudencia consolidada;
- necesidad de comunicación;
- observaciones del Gobierno;
- posible audiencia;
- y volumen general de asuntos.
La Corte utiliza una política de prioridad con siete categorías, desde asuntos urgentes que afectan a personas vulnerables hasta demandas manifiestamente inadmisibles.
Un caso ordinario de ciudadanía que no implique:
- riesgo para la vida;
- expulsión inmediata;
- separación familiar urgente;
- apatridia efectiva;
- o una situación irreversible;
difícilmente recibiría la máxima prioridad.
Por ello, no sería responsable prometer una decisión dentro de uno o dos años.
Un caso comunicado y jurídicamente complejo puede durar varios años. La fase previa de agotamiento en Italia también puede extenderse durante un período considerable.
¿Cuándo podría comenzar realmente la vía de Estrasburgo?
No existe actualmente una fecha general.
La ruta depende primero de:
- la sentencia de la CGUE;
- la reanudación del procedimiento ante la Corte Costituzionale;
- la decisión constitucional definitiva;
- la reanudación de cada proceso de ciudadanía;
- las eventuales apelaciones;
- y la decisión interna definitiva de cada recurrente.
Por ello, para los procedimientos vinculados directamente con la Ordinanza n.º 147/2026, una demanda ante Estrasburgo difícilmente estaría madura antes de concluir todas esas etapas.
La futura sentencia europea de Luxemburgo puede incluso hacer innecesaria la vía de Estrasburgo si el sistema italiano ofrece una reparación suficiente.
Los artículos de la CEDU potencialmente aplicables
Artículo 8: identidad personal, vida privada y ciudadanía
El artículo 8 es el principal fundamento convencional.
Protege la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia.
La jurisprudencia de la Corte ha establecido que la Convención no reconoce, como tal, un derecho general a obtener una determinada ciudadanía. Sin embargo, una negativa arbitraria de reconocimiento o una privación de ciudadanía puede afectar la vida privada por su incidencia sobre la identidad social y personal.
El Manuale CEDU 2024 del Gobierno italiano incluye dentro de la vida privada:
- el derecho al nombre;
- la ciudadanía;
- la filiación;
- la adopción;
- el vínculo biológico;
- y las relaciones familiares.
Aplicación a la Ley 74/2025
El argumento sería especialmente fuerte cuando la persona pueda demostrar que:
- adquirió la ciudadanía desde el nacimiento conforme al régimen anterior;
- pertenecía jurídicamente a una línea italiana no interrumpida;
- había construido su identidad sobre esa pertenencia;
- realizó actuaciones dirigidas al reconocimiento;
- ejerció derechos vinculados con Italia;
- o sufrió consecuencias personales y familiares graves por la aplicación retroactiva.
La discusión no debe reducirse a un deseo abstracto de obtener un pasaporte.
Debe demostrarse la incidencia concreta sobre la identidad y la vida privada.
Artículo 14 combinado con el artículo 8: discriminación
El artículo 14 prohíbe diferencias de trato injustificadas dentro del ámbito de los derechos protegidos por la Convención.
En materia de ciudadanía, la Corte declaró en Genovese contra Malta que la discriminación en el acceso a la ciudadanía podía entrar en el ámbito del artículo 14 combinado con el artículo 8, porque la ciudadanía afecta la identidad social de la persona.
En relación con la Ley n.º 74/2025 podrían compararse, según cada expediente:
- quienes presentaron antes y después del 27 de marzo de 2025;
- quienes obtuvieron cita y quienes no pudieron conseguirla;
- descendientes con idéntica genealogía sometidos a soluciones diferentes;
- personas nacidas antes y después de la reforma;
- ciudadanos ya reconocidos y personas cuyo reconocimiento estaba pendiente;
- líneas familiares protegidas por las excepciones y otras materialmente semejantes excluidas.
No toda diferencia de trato es discriminatoria.
Italia puede defender la medida si demuestra:
- objetivo legítimo;
- razonabilidad;
- coherencia;
- y proporcionalidad.
El punto crítico será determinar si utilizar una fecha ya transcurrida y una ficción de “no adquisición originaria” produce una diferencia arbitraria.
Artículo 6: proceso equitativo y seguridad jurídica
El artículo 6 puede tener relevancia cuando la controversia sobre ciudadanía constituye una disputa sobre derechos civiles reconocibles en el ordenamiento interno.
Sus posibles dimensiones serían:
- acceso efectivo a un tribunal;
- duración razonable;
- contradicción;
- imparcialidad;
- motivación;
- respeto de la cosa juzgada;
- e interferencia legislativa en litigios pendientes.
El argumento será particularmente fuerte cuando exista:
- una sentencia firme de reconocimiento;
- una decisión administrativa consolidada;
- un pasaporte italiano;
- inscripción AIRE;
- o actos estatales previos que hayan reconocido el estatus.
Una norma posterior que neutralice los efectos de una sentencia firme plantea un problema diferente y más grave que una norma aplicada a quien nunca promovió ningún procedimiento.
Artículo 13: recurso interno efectivo
El artículo 13 exige que exista un remedio nacional efectivo para una queja defendible de violación de la Convención.
La cuestión podría plantearse cuando el ordenamiento no permita:
- examinar las circunstancias individuales;
- cuestionar una aplicación automática;
- valorar impedimentos consulares;
- proteger la confianza legítima;
- o reparar las consecuencias de la pérdida del estatus.
La mera existencia formal de un proceso no siempre basta.
El remedio debe ser capaz de examinar sustancialmente la queja y ofrecer una reparación adecuada.
Artículo 1 del Protocolo n.º 1: posiciones patrimoniales
La ciudadanía no es, por sí sola, un bien patrimonial protegido.
Este artículo solo tendría fuerza cuando la aplicación de la reforma afecte derechos económicos suficientemente consolidados, como:
- pensiones;
- prestaciones;
- derechos sucesorios;
- derechos de crédito;
- propiedad;
- actividad profesional;
- o beneficios patrimoniales ya reconocidos.
La mera expectativa de obtener ventajas económicas futuras no suele bastar.
Artículo 3 del Protocolo n.º 1: derechos electorales
La ciudadanía puede ser presupuesto para votar o presentarse a elecciones.
El argumento podría adquirir relevancia cuando una persona:
- ya fue reconocida como ciudadana;
- estaba inscrita en AIRE;
- había votado;
- y posteriormente fue privada de esa posición.
Resulta menos fuerte para quien nunca obtuvo reconocimiento ni ejerció derechos electorales.
Artículo 7: legalidad y efecto cuasi sancionatorio
El artículo 7 prohíbe la retroactividad penal desfavorable.
Su aplicación directa a la reforma es difícil porque el artículo 3-bis:
- no define un delito;
- no impone formalmente una pena;
- no presupone una infracción;
- y opera en materia civil y de estado de las personas.
La Corte ha sido restrictiva al considerar si la privación de ciudadanía constituye una pena. En Ghoumid y otros contra Francia, la privación posterior a condenas por terrorismo no fue considerada una nueva sanción penal a efectos del ne bis in idem.
Sin embargo, el artículo 7 puede utilizarse como argumento subsidiario.
La fecha del 27 de marzo de 2025 convierte retrospectivamente una conducta lícita y neutra —no haber solicitado antes el reconocimiento— en el presupuesto de una consecuencia gravemente desfavorable.
La formulación más rigurosa sería:
La reforma presenta un efecto materialmente aflictivo y cuasi sancionatorio, porque atribuye a la falta de cumplimiento de una carga inexistente e imprevisible la pérdida o desconocimiento de un estatus que el régimen anterior consideraba adquirido desde el nacimiento.
Aunque la Corte no acepte la aplicación autónoma del artículo 7, sus valores pueden reforzar:
- previsibilidad;
- seguridad jurídica;
- proporcionalidad;
- y protección de la confianza legítima.
El principal obstáculo: demostrar una afectación personal
Estrasburgo no admite demandas abstractas contra una ley.
El recurrente debe ser víctima directa o, en supuestos reconocidos, indirecta o potencial.
No basta afirmar:
- la ley es injusta;
- podría perjudicarme;
- soy descendiente de italianos;
- o no estoy de acuerdo con la reforma.
Debe demostrarse:
- aplicación de la norma al caso concreto;
- decisión estatal definitiva;
- consecuencias personales;
- relación causal;
- agotamiento de recursos;
- y presentación dentro de plazo.
Este requisito explica por qué no puede presentarse ahora una demanda colectiva general para que Estrasburgo anule la Ley n.º 74/2025.
¿Puede presentarse una demanda colectiva?
Varias personas pueden acudir conjuntamente cuando:
- sus hechos son comparables;
- las decisiones internas tienen fundamentos semejantes;
- y las quejas convencionales coinciden.
Sin embargo, cada recurrente debe conservar la condición de víctima y demostrar:
- su propia línea genealógica;
- su situación procesal;
- la decisión definitiva;
- y el perjuicio individual.
Una asociación no puede sustituir automáticamente a todas las personas potencialmente afectadas.
¿Qué podría decidir la Corte de Estrasburgo?
Escenario 1: inadmisibilidad
La Corte podría declarar inadmisible la demanda por:
- falta de agotamiento;
- presentación tardía;
- incumplimiento de la Rule 47;
- ausencia de condición de víctima;
- falta de perjuicio importante;
- carácter manifiestamente infundado;
- o intento de actuar como cuarta instancia.
Escenario 2: ausencia de violación
La Corte podría aceptar que la medida estaba prevista por la ley, perseguía un objetivo legítimo y no fue arbitraria, especialmente cuando:
- el interesado nunca ejerció derechos italianos;
- no existía reconocimiento previo;
- conserva otra ciudadanía;
- no queda apátrida;
- y no demuestra consecuencias personales significativas.
Escenario 3: violación del artículo 8
Podría considerar que la aplicación retroactiva fue arbitraria por:
- falta de previsibilidad;
- inexistencia de régimen transitorio;
- ausencia de evaluación individual;
- afectación grave de la identidad;
- o insuficiencia de garantías procesales.
La jurisprudencia sobre ciudadanía analiza, entre otros elementos:
- base legal;
- garantías procesales;
- posibilidad de impugnación;
- diligencia de las autoridades;
- consecuencias prácticas;
- y riesgo de apatridia.
Escenario 4: discriminación
La Corte podría constatar una violación del artículo 14 combinado con el artículo 8 si la diferencia entre categorías comparables carece de justificación objetiva y razonable.
Escenario 5: solución individual sin anulación general
Incluso si constata una violación, la Corte no funciona normalmente como legislador negativo italiano.
La sentencia vincula al Estado demandado respecto del caso concreto.
Italia debe adoptar:
- medidas individuales;
- y, cuando sea necesario, medidas generales para evitar nuevas violaciones.
¿Puede Estrasburgo devolver directamente la ciudadanía?
No existe una respuesta automática.
La Corte suele dictar sentencias declarativas.
Puede indicar que Italia debe reparar las consecuencias, pero corresponde en primer término al Estado seleccionar las medidas adecuadas bajo supervisión del Comité de Ministros.
La reparación podría exigir:
- nuevo examen;
- reapertura del procedimiento;
- restitución del estatus;
- modificación administrativa;
- reforma legislativa;
- o compensación económica.
El artículo 46 CEDU obliga al Estado a cumplir las sentencias definitivas, mientras que el Comité de Ministros supervisa su ejecución. El Manuale CEDU 2024 distingue entre medidas individuales dirigidas al recurrente y medidas generales destinadas a prevenir violaciones similares.
Satisfacción equitativa y daños
El artículo 41 permite reconocer una satisfacción equitativa cuando el Derecho interno no repara suficientemente las consecuencias.
Puede comprender:
- daño moral;
- daño material;
- costas;
- y gastos necesarios y razonables.
La indemnización no es automática.
El recurrente debe:
- pedirla;
- cuantificarla;
- demostrar el daño;
- probar el nexo causal;
- y presentar comprobantes.
La Corte puede considerar que la mera constatación de la violación constituye reparación suficiente.
¿Quién supervisa el cumplimiento?
Cuando la sentencia se vuelve definitiva, se transmite al Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Italia puede tener que presentar:
- un plan de acción;
- información sobre el pago;
- medidas individuales;
- reformas generales;
- o un balance de acción cuando considere cumplida la sentencia.
El procedimiento finaliza mediante una resolución del Comité de Ministros cuando se considera que el Estado ejecutó adecuadamente la decisión.
Estrategia jurídica para preservar una futura demanda
Quien considere que la Ley n.º 74/2025 vulnera sus derechos no debe esperar pasivamente una futura sentencia de Estrasburgo.
Debe construir correctamente el expediente nacional.
Plantear desde Italia las cuestiones CEDU
Los escritos internos deberían desarrollar, según el caso:
- artículo 8;
- artículo 14 combinado con el artículo 8;
- artículo 6;
- artículo 13;
- artículo 1 del Protocolo n.º 1;
- y subsidiariamente los principios vinculados al artículo 7.
Identificar el perjuicio concreto
Debe probarse cómo la reforma afecta:
- identidad;
- filiación;
- familia;
- residencia;
- trabajo;
- estudios;
- circulación europea;
- derechos políticos;
- patrimonio;
- o confianza legítima.
Conservar la prueba del comportamiento diligente
Resulta importante conservar:
- solicitudes de cita;
- correos del consulado;
- capturas de plataformas;
- solicitudes de actas;
- apostillas;
- traducciones;
- pagos;
- contratos;
- borradores de demanda;
- comunicaciones administrativas;
- certificados;
- y prueba de vínculos con Italia.
Diferenciar reconocimiento y adquisición
La estrategia debe explicar que el procedimiento tradicional no concedía una nueva ciudadanía, sino que comprobaba un estatus adquirido desde el nacimiento.
Evitar recursos improcedentes
La obligación de agotar remedios no exige presentar cualquier recurso imaginable.
Requiere identificar cuáles son efectivos y calcular correctamente cuándo se vuelve definitiva la decisión interna.
Controlar el plazo de cuatro meses
El expediente para Estrasburgo debe prepararse antes de recibir la última decisión, no después.
Cuatro meses pueden resultar insuficientes para reconstruir desde cero:
- hechos;
- recursos;
- documentos;
- traducciones;
- y argumentos.
Preguntas frecuentes
¿La Ordinanza 147/2026 remitió el caso a Estrasburgo?
No. Lo remitió a la CGUE en Luxemburgo.
¿La Corte Constitucional puede remitir después el caso a Estrasburgo?
No mediante el mismo mecanismo prejudicial. La vía ordinaria es una demanda individual después del agotamiento de recursos internos.
¿Puede demandarse ahora a Italia?
Solo cuando exista una afectación concreta y se hayan agotado los remedios internos efectivos, salvo excepciones muy restrictivas.
¿Cuál es el plazo?
Cuatro meses desde la decisión interna definitiva.
¿La Corte cobra una tasa?
No cobra tasa judicial, aunque existen gastos profesionales y documentales.
¿Es obligatorio un abogado?
No necesariamente al presentar el formulario inicial, pero normalmente sí después de la comunicación al Gobierno.
¿Estrasburgo puede anular la Ley 74/2025?
No funciona como la Corte Constitucional italiana. Puede declarar que su aplicación produjo una violación y exigir al Estado reparar y prevenir consecuencias similares.
¿El artículo 8 protege la ciudadanía?
No reconoce un derecho general a adquirir una ciudadanía, pero una negativa o privación arbitraria puede afectar la identidad personal y entrar en el ámbito de la vida privada.
¿El artículo 7 es aplicable?
Su aplicación directa es difícil porque no existe formalmente una pena. Puede utilizarse subsidiariamente para explicar el efecto retroactivo, imprevisible y cuasi sancionatorio.
¿Todos los descendientes tendrían el mismo caso?
No. La fuerza de la demanda depende del reconocimiento previo, las fechas, la conducta procesal, los vínculos efectivos y las consecuencias personales.
¿Cuánto tardaría?
No existe una duración garantizada. Primero debe finalizar el procedimiento italiano. Una vez presentada, la demanda ante Estrasburgo puede tardar varios años, según su prioridad y complejidad.
Conclusión
La ruta de Roma a Estrasburgo no es directa ni automática.
Primero debe concluir el diálogo entre:
- la Corte Costituzionale;
- la CGUE;
- y los tribunales italianos que conocen de cada proceso de ciudadanía.
Solo después de una decisión interna definitiva podrá una persona afectada presentar una demanda individual ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
La cuestión convencional central será determinar si Italia se limitó legítimamente a reformar las condiciones futuras de ciudadanía o si, por el contrario, desconoció retroactivamente un estatus adquirido desde el nacimiento mediante una ficción jurídica imprevisible y desproporcionada.
Los argumentos principales serían:
- artículo 8 CEDU, por identidad personal y vida privada;
- artículo 14 combinado con el artículo 8, por diferencias de trato;
- artículo 6, por acceso a la justicia y seguridad jurídica;
- artículo 13, por efectividad de los recursos;
- artículo 1 del Protocolo n.º 1, cuando existan derechos patrimoniales consolidados;
- y, de manera subsidiaria, los principios del artículo 7 frente al efecto cuasi sancionatorio de la retroactividad.
La viabilidad dependerá de la calidad con la que se construya el caso desde Italia.
Una futura demanda no se ganará solamente afirmando que la Ley n.º 74/2025 es retroactiva. Será necesario demostrar:
- qué derecho existía;
- cuándo se adquirió;
- cómo lo desconoció el Estado;
- qué recursos se utilizaron;
- cuál fue el perjuicio concreto;
- y por qué la medida fue arbitraria, discriminatoria o desproporcionada.
Solicita tu consulta sobre ciudadanía italiana:
Puedes solicitar una consulta para estudiar tu caso, ordenar la documentación y determinar la estrategia más adecuada conforme a la normativa actualmente vigente. Cada diagnóstico depende de los hechos, de la documentación disponible, de la legislación aplicable y del criterio de las autoridades administrativas o judiciales competentes. Escribenos por WhastApp haciendo clic aquí
Advertencia legal
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el estudio individual del expediente ni el asesoramiento de un abogado habilitado en Italia. La normativa y la jurisprudencia sobre ciudadanía italiana se encuentran en evolución y pueden surgir nuevas decisiones, circulares o criterios administrativos después de su publicación.